15 de diciembre, 2013 Reportajes comentarios Bookmark and Share
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La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA) han presentado el Estudio AEAS-AGA 2013 que, con datos registrados de 2012, estima el precio pagado por los usuarios del servicio del ciclo integral de agua, analizado por tipo de servicio (abastecimiento y saneamiento) y por uso (doméstico e industrial). Roque Gistau y Fernando Morcillo, presidente y director general de AEAS, y José Luis González Vallvé, director general de AGA, destacaron que la factura familiar del agua se mantiene por debajo de IPC. Además, el presidente de la AEAS ha sugerido que el precio del agua debería incrementarse en un 40% para poder sufragar las infraestructuras necesarias (no solo de abastecimiento, sino también de saneamiento) y equiparar el precio que se paga en España (1,59 €/metro cúbico) con el que se paga en Europa, mucho más elevado.

Según el estudio, el precio medio del agua para uso doméstico es de 1,59 €/m3, del que 0,92 € corresponde al servicio de abastecimiento y 0,67 € al de saneamiento (alcantarillado y depuración de aguas residuales), sin incluir IVA. Con un metro cúbico de agua, que cuesta poco más de euro y medio, podemos ducharnos diariamente 3 semanas o darnos 7 baños o poner 50 veces el lavavajillas, o 20 veces la lavadora o también podríamos lavar el coche hasta 10 veces. Es decir, que por 1,59 €, disponemos en nuestra casa de 1.000 litros de agua potable (92 céntimos por abastecimiento) y, además, nos aseguramos de que después de haberlos utilizado se devuelvan al medio acuático respetando el medioambiente (67 céntimos por saneamiento).

El precio medio de 1,59 €/m3 supone 4,89% de incremento anual acumulado en relación a los resultados del anterior estudio (datos 2010). Según el INE, una familia española gasta de media el 0,78% de su presupuesto anual en el recibo de agua, mientras que su gasto en teléfono le supone casi el 3%, y lo mismo para electricidad. En valores absolutos, cada hogar desembolsa al año apenas 220 € por los servicios de agua frente a los 840 € por el teléfono, pagamos cuatro veces más en teléfono que en servicios de agua. Con lo que nos cuesta una caña de cerveza nos duchamos diariamente durante 3 semanas y con una moneda de 1 céntimo de euro podemos comprar 6 litros de agua (25 vasos).

El consumo doméstico (agua para consumo en el hogar, lavarse, ducharse, fregar, tirar de la cadena, regar las plantas…) es de 122 litros habitante/día, cantidad por la que pagamos unos 20 céntimos de euros, menos de lo que cuesta un litro de agua embotellada. En cuanto al precio medio para el ciclo integral del uso industrial es de 2,07 €/m3 (IVA no incluido).

 

La factura del agua evoluciona por debajo del IPC

Pero la referencia del incremento del precio del agua en metros cúbicos resulta poco significativa a la hora de analizar la evolución de lo que el ciudadano paga realmente por el servicio. El usuario doméstico tiende a un consumo cada vez más razonable -una necesidad asumida socialmente-, y paga por un servicio, más que por un producto. Así, aunque se incrementa ligeramente el precio del m3, el gasto por familia se compensa en la factura por la disminución paulatina del consumo, resultado de la mayor concienciación del usuario y la eficiencia en la prestación de los servicios.

El descenso constante de litros consumidos por habitante y día es resultado de la mayor eficiencia de los servicios, mayor concienciación ciudadana apoyada por las campañas divulgativas de los operadores, mejor equipamiento doméstico, facturación por usos segmentados y generalización de las tarifas progresivas, crecientes según bloques de mayor consumo. Todo ello hace que el incremento de la factura real de agua para un usuario tipo, en los últimos 10 años, esté por debajo del IPC.

 

Las tarifas no cubren los costes de los servicios de agua urbana

Aparentemente positiva para el ciudadano, la situación es insostenible a largo plazo. La sociedad demanda mejora del servicio, se requiere una cobertura total de la depuración de las aguas residuales y crecen las exigencias europeas en materia ambiental y sanitaria. La política europea se orienta a la cobertura de los costes de los servicios y a que cada usuario asuma el cargo que le corresponde para atender esos costes en un reparto racional sin olvidar el principio básico de ´el que contamina paga´.

El ciudadano aplaude la necesidad de una gestión sostenible del servicio de agua, pero eso debería suponer que asuma un mayor esfuerzo económico. En España, las tarifas que pagan los usuarios no cubren los costes de los servicios de agua impidiendo hacer las necesarias inversiones en el patrimonio hídrico y de servicios hidráulicos y acuáticos.

El carácter potente y complejo de estas infraestructuras les concede cierta inercia pero es imprescindible el buen mantenimiento y su actualización junto a una inteligente explotación para que sigan prestando con eficiencia sus funciones. Para un desarrollo sostenible, la gestión eficiente del agua en los ámbitos urbano, agrícola, industrial y medioambiental es fundamental y solo así será posible legar a las generaciones venideras un mundo habitable y unos servicios de agua básicos para la vida, que son el empeño del sector.


Precios medios del agua

Si bien el precio medio en España del agua para uso doméstico está en 1,59€/m3, hay importantes diferencias entre provincias y Comunidades Autónomas. Las diferencias entre áreas geográficas obedecen a factores de disponibilidad, calidad, proximidad de los recursos hídricos, procesos, técnicas y costes necesarios para la potabilización y depuración del agua, pero también a la incorporación de los diferentes cánones autonómicos. La mayor o menor cobertura de los costes (gastos de operación y de mejora y renovación de infraestructuras) en cada sistema contribuyen a generar, así mismo, importantes diferencias en las tarifas que paga el usuario final.

 

El sector alerta de nuevos cánones

La aparición de nuevas figuras impositivas que influyen en el precio que paga el usuario final preocupa seriamente al sector. Aunque se las denomina ´canon de saneamiento o del agua´, como las ya existentes en algunas comunidades autónomas destinadas a infraestructuras o servicios, estos nuevos impuestos heterogéneos amplían la brecha de precios entre usuarios y graban consumos sobre los que los operadores no pueden actuar. Las haciendas públicas autonómicas tienen capacidad de legislar sobre impuestos ambientales, pero estas nuevas figuras que no corresponden al servicio del agua entran en la factura como un item más sin estar claro dónde se emplean.

Las Directivas 91/271, 2000/60, Marco del Agua, y sus transposiciones, impusieron la generalización de la depuración de las aguas residuales. Los menores recursos de las economías municipales y la dificultad para acceder a fondos europeos para construir infraestructuras, han impulsado a las comunidades autónomas a asumir la construcción y la explotación de los sistemas de depuración. Para ello, se implantaron cánones de saneamiento que posibilitan la recaudación, -a través de las facturas del agua que gestionan los operadores de abastecimiento- de recursos económicos para sufragar la operación y, parcialmente, las infraestructuras de depuración.

Es un proceso lógico, para intentar cumplir los objetivos de la DMA, de recuperar los costes de todo el ciclo. Pero últimamente esta lógica se ha desviado de su fin primario y han aparecido normas autonómicas con medidas tributarias sobre el agua que tratan de compensar desequilibrios presupuestarios, no siempre estrictamente asociados al servicio, y que se repercuten al usuario final con el resultado de un encarecimiento de los servicios. El sector viene solicitando que se aplique el criterio económico -incluido en la filosofía de la Unión Europea- definido en la Directiva Marco del Agua del 2000 y que expresa que el precio de los servicios alcance la “cobertura de costes” que requiere su prestación. Esta condición no se ha alcanzado en muchos de los servicios y, sin embargo, ahora aparecen estas figuras tributarias de dudosa transparencia para el ciudadano, que no parecen ser el mejor procedimiento para avanzar en la gestión sostenible del agua.

 

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