DAQUAS y AEDyR trasladan a los partidos políticos las prioridades del sector del agua para la próxima legislatura

En ese sentido, DAQUAS y AEDyR demandan situar el agua en el centro de la agenda política como sector estratégico para la competitividad y la resiliencia del país; reducir el déficit de inversión existente, actualmente situado en los 4.485 millones anuales; garantizar la sostenibilidad económica de los servicios, estructurando la tarifa de manera que permita financiar la gestión y renovación de infraestructuras; promover la colaboración público-privada; e impulsar la desalación y la reutilización como pilares de la seguridad hídrica.

Asimismo, DAQUAS y AEDyR reclaman una armonización regulatoria estable, y que las legislaciones nacional y europea incluyan plazos realistas, que vayan acompañados de medidas financieras que permitan su aplicación efectiva sin afectar a la sostenibilidad del servicio.

Las 10 prioridades recogidas en el documento ´El agua, clave para el futuro: prioridades para la nueva legislatura´ son las siguientes:

1. Situar el agua en el centro de la agenda política como sector estratégico para la competitividad y la resiliencia del país

Como servicio esencial, el agua urbana requiere una visión de Estado, estabilidad regulatoria y una apuesta decidida por la inversión. Invertir en agua es invertir en el futuro de España. Por ello, es necesario que los responsables políticos consideren al sector del agua urbana como esencial y estratégico para la calidad de vida en todos los territorios, y que, lejos de utilizar este recurso como un arma de confrontación política, lo incorporen en su agenda de prioridades, de forma que se pueda garantizar la adaptación a las exigencias sociales, medioambientales y competitivas, nacionales y comunitarias, buscando la equidad y la cohesión entre todos los territorios.

2. Necesidad de reducción del déficit de inversión existente

Actualmente, el déficit de inversión del sector del agua urbana alcanza los 4.485 millones de euros anuales. Estos servicios requieren de importantes inversiones en renovación y construcción de nuevas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, reutilización y desalación. Tradicionalmente, las tres vías de financiación han sido los impuestos, las tarifas y las transferencias. En estos momentos, la tarifa del agua cubre solo los costes de operación, pero muy escasamente las necesidades de inversión. Es indispensable encontrar nuevas vías estructurales de financiación para afrontar las necesidades del sector, así como un marco de inversión estable y previsible, que permita garantice la sostenibilidad, la calidad y la eficiencia de los servicios.  La aplicación de los fondos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Integral del Agua ha sido un éxito y serían necesarios más fondos de este tipo, ya que únicamente se ha concedido el 22% de lo solicitado. Además, sería necesario ampliar el objeto de aplicación de los fondos, dado que existen diversos ámbitos de mejora.

3. Sostenibilidad económica de los servicios del agua urbana

La tarifa de agua en España se sitúa un 53% por debajo de la media europea y supone el 0,8% de los gastos familiares. Es necesario desvincular la tarifa de la confrontación política y estructurarla de forma que permita financiar la gestión y renovar las infraestructuras. Debe haber mayor transparencia y homogeneidad en su cálculo, de forma que permita avanzar en la adecuada recuperación de costes establecida por la Directiva Marco del Agua. Además, para asegurar la sostenibilidad en los contratos de servicios, sería necesaria una actualización de la ley de contratos del sector público con el objetivo de incluir una fórmula de revisión de precios en base a la estructura de costes real del servicio.

4. Nuevas exigencias normativas y mejorar la interlocución

El sector se enfrenta al cumplimiento de nuevas y exigentes normativas nacidas de la creciente preocupación por el bienestar de la ciudadanía y su entorno natural. Es crucial que las legislaciones nacional y europea incluyan plazos realistas y vayan acompañadas de medidas financieras que permitan su aplicación efectiva sin afectar a la sostenibilidad del servicio.

Al mismo tiempo, dada la diversidad de Administraciones con competencias en materia de agua urbana, reclamamos el establecimiento de un marco estable de interlocución y coordinación entre el sector y la Administración General del Estado, que permita abordar de forma conjunta sus necesidades y prioridades. En este sentido, proponemos habilitar un mecanismo específico de interlocución, a través del departamento ministerial competente, que actúe como punto de referencia para el sector y facilite la coordinación con los distintos organismos implicados.

5. Garantizar una transposición ágil y efectiva de las nuevas directivas europeas del agua

La aplicación de las nuevas directivas que afectan al sector supone inversiones sin precedentes. Ejemplo de ello es la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU). Su transposición, ya en marcha, y su implementación deben realizarse con celeridad y seguridad jurídica para evitar infracciones y sanciones europeas.

6. Armonización regulatoria estable y gobernanza moderna

El agua urbana, que debería ser considerada como un servicio público esencial, es de competencia municipal y gestionada por múltiples Administraciones y operadores, y en su gestión conviven fórmulas públicas, privadas y mixtas. Es indispensable que su gestión cuente con un marco regulador homogéneo a nivel nacional, que aporte seguridad jurídica, estabilidad económica y asegure la preservación del medio ambiente. La trasparencia, la tecnificación y la profesionalización de los servicios son la clave para asegurar niveles de prestación equitativos en todo el territorio.

7. Impulso a la colaboración público-privada y agilización de los procedimientos de contratación pública

La magnitud de los desafíos que afectan al sector del agua exige aprovechar todas las capacidades disponibles. La colaboración público-privada puede suponer un importante impulso que facilite y agilice la inversión. La burocracia y rigidez actuales en los procesos de contratación pública ralentizan las inversiones. Se deben establecer mecanismos que prioricen la calidad, la sostenibilidad y la innovación por encima del precio, con el objetivo de cumplir los desafíos del sector.

8. Mitigación y adaptación al cambio climático para garantizar la disponibilidad del recurso, la protección de las personas y del medio ambiente

España es uno de los países más expuestos a los impactos del cambio climático. Los eventos extremos, como inundaciones y sequías, afectan directamente al sector del agua urbana. Los sistemas de drenaje urbano sostenible, entre otras tecnologías, son una alternativa clave para adaptar el entorno de las ciudades. Además, se debe impulsar un mayor uso de recursos complementarios, como la desalación y la reutilización, cuya aplicación permite garantizar la seguridad hídrica del país y su estabilidad económica y social.

9. Impulsar la desalación y la reutilización como pilares de la seguridad hídrica

Las sequías recurrentes y la creciente escasez hacen imprescindible diversificar las fuentes de suministro. La desalación y la reutilización son recursos complementarios, disponibles con independencia de la pluviometría, que refuerzan la resiliencia del sistema hídrico y están orientados a asegurar la continuidad del abastecimiento de la demanda existente, no a incrementarla. España es un referente internacional en ambas tecnologías, y su industria y su capacidad de ingeniería son también una palanca de competitividad y de proyección exterior. Para aprovechar plenamente este potencial se requiere una planificación hidrológica que incorpore de forma efectiva y estructural estos recursos, una tramitación administrativa ágil para las nuevas plantas y para el uso de agua regenerada, seguridad jurídica y un marco de financiación estable, así como un tratamiento claro y completo de ambas actividades en la Taxonomía europea, que garantice su reconocimiento como inversión sostenible

10. Una ciudadanía informada e involucrada

La sostenibilidad económica de los servicios no es incompatible con la protección social. El ciudadano debe contar con la información suficiente que le permita conocer los procesos que conlleva la gestión del agua y valorar este servicio. La sensibilización ciudadana es un pilar fundamental para lograrlo. Por ello, el sector del agua urbana y las administraciones públicas deben ir de la mano para lograr una comunicación plural, efectiva y trasparente, que permita que los ciudadanos conozcan el verdadero valor del agua y las distintas alternativas disponibles para garantizar su suministro.

Por todo ello, el sector del agua urbana considera prioritario seguir trabajando en la consecución de un pacto social y político que logre el compromiso tanto de los responsables políticos –a nivel estatal, autonómico y local− como de los ciudadanos para garantizar la sostenibilidad medioambiental, económica y social de los servicios del agua urbana.