1 de octubre, 2026
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Veolia ha sido seleccionada por el Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como ganadora del histórico contrato de 1.000 millones de euros y 25 años de duración para la gestión de los servicios esenciales de agua potable en ocho municipios del área metropolitana de Barcelona, que prestan servicio a más de 230.000 personas. Este contrato consolidará la larga trayectoria y el compromiso del grupo Veolia con España, un país llamado a convertirse en su tercer mercado global en los próximos años.

El contrato corresponde al servicio de abastecimiento de agua potable en los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana. Según explica Veolia en un comunicado, en un momento de creciente presión sobre los recursos hídricos, el cambio climático y las economías domésticas, su oferta combina un profundo conocimiento local con su experiencia e innovación globales para ofrecer un servicio de la máxima calidad, robusto y al precio más competitivo, tal y como refleja su sobresaliente valoración técnica y económica.

"Estamos muy satisfechos con este resultado en España, un país estratégico para Veolia en el que estamos presentes desde hace 160 años. Pondremos toda nuestra experiencia global, tecnología e innovación al servicio de Barcelona y sus ciudadanos, garantizando un servicio de primer nivel y la mejor relación calidad-precio. Nuestra capacidad para aunar innovación y eficiencia operativa nos permitirá mantener una inversión continuada en la calidad de estos servicios esenciales, reforzando la garantía del suministro de agua y la seguridad medioambiental a largo plazo", ha declarado Estelle Brachalinoff, consejera delegada de Veolia a nivel global.

Entre las mejoras contempladas figuran un nuevo sistema de sensores para la detección de fugas en la red, la implantación de centros de operaciones digitalizados, la modernización del parque de contadores con tecnología de telelectura y la electrificación de la flota de vehículos, entre otras actuaciones. Estas medidas, junto con el resto de actuaciones incluidas en el pliego de condiciones de la licitación, resultan clave para el servicio e indispensables para garantizar la seguridad hídrica de estos municipios (especialmente tras los episodios de severa sequía que ha atravesado la región en los últimos años), por lo que la compañía se compromete a iniciar los trabajos de forma inmediata.

Clasificación de ofertas

La propuesta de clasificación de las ofertas, anunciada por el AMB a propuesta de la Mesa de Contratación tras la celebración de su pleno, constituye un trámite habitual dentro del procedimiento y es el paso previo a la adjudicación definitiva del contrato. Esta licitación se enmarca en el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en octubre de 2020. La resolución reconocía al AMB, de acuerdo con las competencias que le atribuye su ley de creación en materia de ciclo del agua, como la administración competente para determinar el modelo y los mecanismos de gestión del servicio.

El nuevo modelo tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la red de abastecimiento: mejorar la calidad y la eficiencia del servicio domiciliario, garantizar la prestación de un servicio esencial a la ciudadanía, acelerar las inversiones necesarias para modernizar las infraestructuras y reforzar su seguridad física y tecnológica. Al mismo tiempo, se pretende avanzar hacia un modelo en el que los costes del servicio se ajusten de manera más adecuada a las características y necesidades de cada municipio.

La licitación se inició formalmente con la aprobación del estudio de viabilidad, que identificó las inversiones necesarias para cada municipio y analizó la duración y el modelo de gestión del servicio. A partir de este estudio se estableció un modelo de gestión indirecta mediante un contrato de concesión de servicios con una duración de 25 años. Este modelo permite agrupar la prestación del servicio en los ocho municipios y, al mismo tiempo, mantener planes de inversión y tarifas diferenciados para cada uno de ellos, de acuerdo con sus características y necesidades.

Durante la fase de licitación, el plazo para presentar las ofertas se amplió respecto al mínimo establecido por la normativa, para facilitar la preparación de las propuestas y la concurrencia al procedimiento. Una vez presentadas las ofertas, se analizaron de acuerdo con los criterios técnicos y económicos establecidos en los pliegos. Como resultado de este proceso de valoración, la oferta presentada por Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (SGAB) ha obtenido la puntuación global más alta.

Con la aprobación de la clasificación de las ofertas, el procedimiento entra en la siguiente fase, previa a la adjudicación del contrato. Las ofertas recibidas y valoradas han sido las de las siguientes empresas:

  • UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (33,34 %), GS Inima Environment, SAU (33,33 %) y Calaf Constructora, SAU (33,33 %).
  • UTE Gestión y Técnicas del Agua, SA (80,00 %) y SAUR, SAS (20,00 %).
  • Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU.
  • UTE FCC Aqualia, SA (50,00 %) y Aguas de Valencia, SA (50,00 %).
  • Sacyr Agua, SL.
  • UTE Indaqua Gestión del Agua, SLU (50,00 %) y Hidrogestión, SA (50,00 %).

Según la AMB, entre las ofertas presentadas, la de Sociedad General de Aguas de Barcelona obtuvo la puntuación más alta en la valoración de los criterios técnicos, con un total de 49 puntos. El análisis de los criterios de las seis ofertas presentadas se desarrolló durante cerca de cuatro meses, de acuerdo con los parámetros y las condiciones establecidos en los pliegos.

En cuanto a los criterios de valoración automática, la oferta de SGAB también obtuvo la puntuación más alta. Entre estos criterios se encuentra la oferta económica, en la que obtuvo 24 puntos, así como otros aspectos, como el tipo de interés de las ofertas financieras, el porcentaje de gastos generales y de beneficio industrial, la implantación de placas solares o la utilización de vehículos eléctricos.

En la valoración económica, tres de las ofertas presentadas registraron bajas económicas que, de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos, requerían una justificación específica. Conforme al procedimiento establecido, se requirió a las tres empresas la justificación de sus propuestas, que fueron analizadas antes de determinar su admisión. Una vez analizada la documentación presentada, los servicios técnicos del AMB consideraron justificadas las tres ofertas y determinaron su admisión. Las justificaciones acreditan la eficiencia económica derivada de las economías de escala que permite la gestión conjunta del servicio, especialmente en lo relativo a la optimización de los recursos, la reducción de determinados costes operativos y de gestión y una mayor capacidad para obtener condiciones más competitivas en la contratación de servicios y suministros.

Después de un periodo en el que la gestión ha estado condicionada por la necesidad de atender principalmente el día a día, el modelo adoptado debe permitir abrir una nueva etapa, con un marco estable que haga posible planificar e impulsar las inversiones necesarias, incorporar innovación y continuar avanzando en la calidad, la eficiencia y las garantías del servicio para la ciudadanía.

Por este motivo, en esta fase final del procedimiento, el AMB apela a la responsabilidad de todos los operadores del sector para que, desde el respeto a sus intereses legítimos y a las actuaciones que consideren oportunas, tengan también en cuenta la necesidad de preservar la continuidad del proceso y el interés general asociado a la prestación de un servicio esencial. Evitar nuevas situaciones de bloqueo o de incertidumbre prolongada es especialmente relevante para no retrasar la modernización de la red, la ejecución de las inversiones y las mejoras previstas en el servicio.

En el siguiente paso del procedimiento, el AMB requerirá a SGAB la documentación necesaria para acreditar la solvencia técnica y económica exigida en los pliegos. Una vez presentada y verificada esta documentación y, siempre que cumpla los requisitos establecidos, la propuesta de adjudicación definitiva del contrato se someterá a la consideración del Consejo Metropolitano.

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