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La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha presentado al secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Hugo Morán, la evaluación técnica de los daños ocasionados por el tren de borrascas de finales de 2025 e inicios de 2026 en los sistemas de agua urbana de la provincia de Cádiz, junto con la solicitud de activación de mecanismos extraordinarios de financiación que permitan restituir la funcionalidad de las infraestructuras sin comprometer el equilibrio económico del servicio ni la asequibilidad para la población.
El documento, elaborado a partir de datos oficiales, inspecciones in situ y validación por parte de los operadores responsables de las infraestructuras afectadas, estima unas necesidades de inversión superiores a los 8,5 millones de euros. De esta cuantía, 6,2 millones corresponden al saneamiento y la depuración -reposición de estaciones depuradoras, colectores estructurantes y estaciones de bombeo- y 1,75 millones al abastecimiento en alta para la restitución de conducciones, captaciones y sistemas eléctricos asociados.
Además, la evaluación incorpora 522.000 euros en actuaciones prioritarias orientadas a reforzar la capacidad de respuesta ante episodios extremos, entre ellas la actualización de los planes de emergencia de presas, la implantación efectiva de los planes municipales frente al riesgo de inundación y el desarrollo de herramientas digitales de coordinación operativa en tiempo real.
Durante el encuentro, el secretario de Estado trasladó su disposición a analizar la activación de instrumentos de apoyo extraordinario, reconociendo el carácter esencial de los servicios de agua para la salud pública, la protección ambiental y la seguridad de la población. En este contexto, AEOPAS valoró positivamente la aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes frente a los daños causados por las borrascas, especialmente por la habilitación de transferencias directas a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y la flexibilización del marco financiero local, al constituir un instrumento que facilita la recuperación de los servicios esenciales.
El gerente de AEOPAS, Luis Babiano, advirtió de que en sistemas de tamaño medio y pequeño, como los de la Sierra de Cádiz, la elevada inversión por habitante servido, la intensidad energética de los sistemas en alta y la limitada capacidad inversora de las entidades locales impiden absorber actuaciones de esta magnitud dentro del régimen ordinario de recuperación de costes sin generar desequilibrios estructurales en el equilibrio ingresos-costes del servicio. En este contexto, la financiación extraordinaria se configura como un instrumento de cohesión territorial que permite garantizar condiciones equivalentes en el acceso a un servicio esencial con independencia de la capacidad económica del municipio titular.
Asimismo, subrayó que estas actuaciones deben abordarse en el marco de las políticas estatales de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo de inundación, dado que los daños están directamente vinculados a la intensificación de fenómenos hidrometeorológicos extremos y a la exposición de infraestructuras críticas cuya continuidad de funcionamiento resulta imprescindible para la protección de la población y del medio receptor.
AEOPAS puso de manifiesto que la actualización de los planes de emergencia, la integración efectiva de los operadores en los dispositivos de protección civil y el desarrollo de sistemas de información y coordinación en tiempo real contribuyen al cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión del riesgo, continuidad del servicio y protección de la salud pública.
La asociación considera que la activación de mecanismos extraordinarios de financiación, acompañados de apoyo técnico a las administraciones locales, constituye una condición necesaria para evitar procesos de infra-inversión estructural, asegurar la continuidad, la calidad y la seguridad de los sistemas de agua urbana y reforzar su resiliencia como infraestructuras críticas en el marco de las políticas estatales de seguridad hídrica.