España afronta la mayor modernización del saneamiento urbano en tres décadas con la nueva Directiva TARU

El acto fue inaugurado por Jesús Maza, presidente de DAQUAS; José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP; Manuel Romero, consejero delegado de Emasesa; y Juan José Denis, director gerente de Emasa. Los cuatro coincidieron en destacar la magnitud del reto que supone la Directiva 2024/3019. Maza advirtió que “los plazos son ambiciosos y las obligaciones, muy superiores a las actuales; no podemos permitirnos retrasos”. Bellido, por su parte, subrayó que la aplicación de la normativa “exige un esfuerzo conjunto para garantizar que incluso los municipios más pequeños puedan cumplir con un marco europeo mucho más exigente”.

La contextualización técnica corrió a cargo de Carmen Hernández, responsable de Asuntos Técnicos de DAQUAS, quien explicó que la Directiva amplía su ámbito a todas las aglomeraciones de más de 1.000 habitantes-equivalentes, fija la obligatoriedad de los tratamientos secundarios en 2035, terciarios en 2039 y cuaternarios en 2045, e introduce nuevas obligaciones como la neutralidad energética de las depuradoras y la vigilancia epidemiológica bajo el enfoque One Health. “Estamos ante un cambio estructural que obliga a revisar cómo se planifica, cómo se invierte y cómo se gestiona el saneamiento urbano”, señaló Hernández.

Un marco normativo que exige inversión, planificación y nuevas capacidades

A partir de esta exposición técnica, la jornada avanzó hacia el análisis económico y operativo. Hernández detalló que la adaptación al nuevo marco normativo implicará inversiones superiores a 24.689 millones de euros, a realizar en los próximos 20 años. Las necesidades de inversión aumentarán cuando sean considerados, además, los costes del RD 3/2023 y la digitalización de redes y sistemas de control, alertando de que “el verdadero reto no es solo tecnológico, sino financiero y de gobernanza”.

Estos desafíos centraron la primera mesa redonda, dedicada a gobernanza, pequeñas poblaciones y responsabilidad ampliada del productor (RAP). En ella participaron responsables de Emasesa, la Junta Andalucía y operadores andaluces, que coincidieron en que los municipios pequeños afrontan una triple dificultad: redes envejecidas, falta de recursos técnicos y una financiación insuficiente para encarar las nuevas obligaciones. Se subrayó que la cooperación supramunicipal y la aplicación efectiva del principio ´quien contamina, paga´ serán determinantes para garantizar que la transición se produzca sin dejar
atrás a las zonas rurales.

La segunda mesa, centrada en los esfuerzos técnicos necesarios para cumplir con la Directiva, contó con responsables de ingeniería, explotación e innovación de operadores andaluces. Los ponentes coincidieron en que la modernización del alcantarillado, la implantación de los Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS) y el salto hacia tratamientos terciarios y cuaternarios requieren no solo tecnología, sino también talento, formación y estabilidad regulatoria. La digitalización (sensores, monitorización en tiempo real
y sistemas inteligentes) se situó en el centro de la transformación. Los expertos alertaron de que la Directiva obliga a acelerar la renovación de redes que, en muchos territorios, superan los 40 años, e insistieron en que sin una actualización estructural de las tarifas del agua será difícil garantizar la sostenibilidad del nuevo modelo.

El encuentro concluyó con un mensaje unánime: no hay tiempo que perder y los municipios deberán anticiparse, planificar, implicarse y cooperar para hacer frente a un marco europeo más exigente, pero también más orientado a garantizar un saneamiento urbano más seguro, moderno y resiliente. DAQUAS reafirmó su compromiso de acompañar a las entidades locales en esta transición, promoviendo el diálogo técnico y una gobernanza del agua que permita afrontar con éxito los retos ambientales y climáticos de los próximos años.