La Ley de Contratos del Sector Público recoge parte de las propuestas planteadas por el sector del agua urbana

La jornada sobre la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y su incidencia en el sector del ciclo urbano del agua, organizada por AGA, también ha contado con la intervenció de Pablo Silván y Carlos Melón, especialistas en Derecho Público y socios del despacho Ramón y Cajal; Rafael Gómez-Ferrer, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; y Guillermo González, secretario general de AGA y presidente del Grupo Jurídico de la asociación.

Durante su intervención, José Carbonell ha resaltado que la nueva LCSP contempla importantes novedades para el sector, entre las que se encuentran los nuevos tipos de contratos (se elimina el contrato de gestión y servicios públicos y surge el de concesión de servicios), se aclara definitivamente la cuestión de la tasa y la tarifa, las opciones en las revisiones de precios, las sociedades mixtas o la limitación del riesgo normativo. Asimismo, el presidente de AGA ha destacado que el texto definitivo de la Ley de Contratos del Sector Público recoge en buena medida las propuestas trasladadas desde el sector del ciclo urbano del agua desde el inicio de su tramitación. En concreto, las relativas a las empresas mixtas, la tarifa, los efectos de la Ley de Desindexación y, en cierto modo, el riesgo normativo.

En ese sentido, José Carbonell ha explicado que desde AGA se han realizado intensas gestiones para procurar introducir cuestiones fundamentales para el sector, como que se contemplara la posibilidad de gestión a través de empresas mixtas y explicitar la posibilidad de optar al reequilibrio económico financiero de los contratos.

Además de estos asuntos, durante la jornada se han abordado los siguientes temas:

• Nuevos tipos contractuales.
• Nuevo contrato de concesión de servicios.
• Régimen de encargo a medios propios.
• Novedades en materia de precio.
• Relevancia de los criterios medioambientales y sociales.
• Novedades en materia de preparación de los contratos (consultas preliminares, criterios de adjudicación, división en lotes, etc.).
• Novedades en materia de adjudicación y de ejecución de los contratos.
• Novedades en materia de contratación electrónica.
• Desaparición del contrato de gestión de servicios públicos.
• Especialidades de las nuevas sociedades de economía mixta.
• El régimen de aplicación a la contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales.

La Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el 9 marzo y no supone un giro radical en relación con la legislación existente, sino un paso más en la constante evolución de este tipo de normas. Su finalidad principal es la de incorporar al ordenamiento jurídico español las últimas directivas comunitarias en el ámbito de la contratación pública.