El Mapama se reúne con asociaciones empresarias para alcanzar un pacto nacional por el agua

El presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), José Carbonell, se ha reunido con la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Liana Ardiles, en el marco del debate para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua. A este encuentro también han asistido, entre otros, representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN); de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia); de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), del Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX); y de la Cámara de Comercio.

Durante la reunión, el presidente de AGA ha trasladado a la directora general del Agua su apoyo
al Mapama por esta iniciativa y ha solicitado que el Pacto Nacional por el Agua contemple las
demandas del sector del agua urbana. En ese sentido, José Carbonell ha señalado que, entre los principales retos que son necesarios abordar en los próximos años para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua urbana, se encuentran la necesidad de realizar un esfuerzo inversor sostenido para acometer tanto la renovación de infraestructuras como la construcción de otras nuevas, así como avanzar en la cobertura de costes y la potencialidad de atenderlos con las estructuras tarifarias.

Por otro lado, y de acuerdo a los criterios de la economía circular, el presidente de AGA ha resaltado la importancia de la reutilización del agua y la consideración de los caudales así generados como un recurso adicional. Por último, José Carbonell ha puesto de manifiesto la conveniencia del establecimiento un marco armonizado de regulación para el sector del agua, con el objetivo de armonizar los niveles de prestación de los servicios y las estructuras tarifarias, así como la transparencia, involucración y participación de la ciudadanía. Además, ha señalado que dicho marco de regulación debe buscar siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos y su orientación, estrategia y acciones deberían responder a los objetivos, criterios y sensibilidades sociales. La figura de un regulador, ha afirmado, sería buena para el sector, los ciudadanos, la administración y las empresas.

Con estas reuniones continúa la ronda de encuentros abierta en el mes de septiembre con los usuarios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) con el objetivo de involucrar en este Pacto Nacional por el Agua a todos los sectores y agentes implicados en la gestión o el uso del agua. Así, se han mantenido ya encuentros con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), con la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), con la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), con la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS), con las organizaciones ecologistas WWF, SEO Birdlife, Greenpeace y Ecologistas en Acción, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con los Colegios Profesionales de Ingenieros, de Caminos, de Agrónomos y de Montes, con el Instituto de la Ingeniería de España, con las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias y con los responsables de las distintas comunidades autónomas. 

El Pacto Nacional por el Agua debe recoger las propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos existentes. El punto de referencia serán los temas identificados en los planes hidrológicos del segundo ciclo, dando continuidad a este diálogo en el marco del proceso de preparación de los planes hidrológicos del tercer ciclo, de acuerdo con el calendario establecido en la Directiva Marco del Agua.

Este futuro Pacto se centrará en cuatro grandes capítulos: la atención de déficits, el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos, la puesta en marcha de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y otra serie de medidas en materia de gobernanza del agua.