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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado la Orden TED/934/2025 por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de seguridad de presas y embalses. Entre los requisitos establecidos, el Miteco exige que los solicitantes dispongan de la acreditación de ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, según los requisitos de la norma de inspección UNE-EN ISO/IEC 17020.
La administración pública confía, una vez más, en la acreditación como herramienta para garantizar la seguridad e integridad de actividades de evaluación, en este caso, relativas a la inspección y control de la seguridad de presas y embalses. Así queda mostrado en la Orden TED/934/2025, de entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de seguridad de presas y embalses. Estas entidades están autorizadas para colaborar con la administración pública competente, en este caso, con la Dirección General del Agua, en las labores de control, de carácter técnico especializado, relativas a la seguridad de presas y embalses.
Con este fin, ENAC y la Dirección General del Agua han colaborado estrechamente para definir los requisitos ajustándolos a los requisitos de la norma de inspección y a las necesidades concretas del Ministerio.
Tras la publicación de la Orden y el desarrollo del esquema de acreditación, ENAC se encuentra en disposición de evaluar a las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de seguridad de presas y embalses.
El apoyo a las diferentes administraciones en la definición y diseño de esquemas de acreditación ajustados a sus necesidades es una actividad estratégica para ENAC que cada vez se aprecia más por parte de los reguladores para lograr un despliegue eficaz de sus políticas en materia de evaluación del cumplimiento. En la actualidad, más de 200 disposiciones nacionales y autonómicas, así como más de 100 a nivel europeo, incorporan la acreditación para garantizar la fiabilidad de los productos y servicios, desarrollar mercados seguros y reforzar la protección de los consumidores en áreas tan diversas como la seguridad industrial, la salud pública, la ciberseguridad, el control de alimentos o la protección medioambiental.
