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Según el Foro de la Economía del Agua, contar con una mayor disponibilidad del agua para cubrir las necesidades de la población creciente pasa por incrementar la inversión en infraestructuras y en fuentes alternativas de agua. En España, la heterogeneidad tarifaria conlleva variaciones en el precio del agua de hasta el 550% entre municipios y comunidades autónomas.
La adecuación de las tarifas al valor real del agua es uno de los elementos básicos para garantizar las inversiones que requiere la red de suministro de agua. Además, el mantenimiento en buenas condiciones de la red toma especial importancia en el contexto actual de escasez de agua ligado al cambio climático, por lo que impulsar su renovación para prevenir pérdidas de recurso es una de las vías para garantizar el equilibrio hídrico.
Esta es una de las conclusiones del recién publicado informe del XVI Foro de la Economía del Agua, un documento que analiza los retos y soluciones para avanzar en el equilibrio hídrico, con especial acento en los casos de España, Chile y Australia. El informe extracta las principales ideas y aportaciones del XVI Foro de la Economía del Agua, celebrado en Santiago de Chile el 13 de septiembre.
El informe señala la importancia de contar con una mayor disponibilidad del agua para cubrir las necesidades de la población creciente (la ONU estima que la población mundial aumentará en casi 2000 millones de personas en los próximos 30 años), lo cual pasa por incrementar la inversión en infraestructuras y en fuentes alternativas de agua, como la reutilización y la desalación. El documento añade que estas medidas precisan un sistema sólido de financiación que solo será posible con la colaboración de todos los actores, incluyendo los usuarios del agua a través de las tarifas.
Según datos recogidos en el informe, el 83% de los municipios españoles cubre a través las tarifas a los usuarios los costes de explotación del agua (operación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras), pero no los de renovación, inversión y amortización, de modo que este déficit tarifario compromete la renovación y modernización de la red.
El informe destaca que el agua es un bien público que requiere un soporte de infraestructura muy significativo, especialmente en el contexto de cambio climático. El aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías y lluvias torrenciales hace necesario que estos sistemas sean además resilientes, es decir, capaces de recuperarse rápidamente para que pueda mantenerse el servicio para las personas y las actividades productivas, una particularidad que incrementa su coste.
En España, las pérdidas de agua por fugas, roturas y averías supera el 15% del total del recurso, con una red de distribución obsoleta de la que el 40% tiene más de 30 años. Esta problemática no se da solo en España: los datos recogidos en el informe cifran las pérdidas de recurso por el deterioro de la red en hasta el 60% en el área de América Latina y el Caribe.
La aportación de los usuarios del agua es solo una parte de la solución a los desafíos hídricos, cuya magnitud es tal que hace necesario un trabajo conjunto de todos los actores implicados en su gestión para garantizar el derecho humano al agua en el presente y el futuro.
En esta línea, el informe llama al consenso y a la colaboración para garantizar el equilibrio hídrico, que precisa unas líneas de actuación bien definidas para que todos trabajen en la misma dirección. Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua, señala en este sentido que “se trata de colocar el agua en el centro de la agenda política y social, basándose en una hoja de ruta clara y concreta, ya que no existe viento a favor si no se conoce el rumbo que se quiere tomar”.
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