Dando continuidad al editorial anterior, en el que comentábamos que con el cambio de Gobierno y la creación del nuevo Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) que preside Teresa Ribera, este tenía como ´deberes´ dar continuidad al proceso que el anterior Ejecutivo denominaba Pacto Nacional del Agua, lentamente vamos conociendo algunas políticas para el sector agua, sobre todo a raíz de una mala noticia. En los pocos meses que lleva el nuevo Ministerio, ha trascendido sobre todo el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por su retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales procedentes de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas, Tarifa, Gijón Este y Valle de Güimar). La sentencia condena a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de un importe de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso y una suma a tanto alzado de 12 millones de euros. Cabe decir que las administraciones locales son las competentes en la materia, y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico con las comunidades autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado. En la actualidad, el 99,3% del total de las aglomeraciones españolas (2.083) cumplen con los requisitos de recogida de las aguas residuales. El 85,2% de la carga contaminante total es objeto de un tratamiento secundario de depuración y el 73% de la carga que llega a zonas sensibles es objeto de un tratamiento terciario más riguroso. Para favorecer la gestión de los ayuntamientos en relación al agua, el Miteco creará un grupo de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el que abordarán el ciclo integral del agua en las ciudades, un proceso en el que se incluyen tanto la garantía de abastecimiento como la depuración de las aguas residuales. Así mismo, y obligado a asumir esa sanción económica por parte de Europa, el Miteco trabaja ya en medidas de choque que se concretarán en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. Este plan enumerará y priorizará las actuaciones a llevar a cabo, y establecerá los criterios generales (económicos, sociales y ambientales) que deben aplicarse para comprobar si esas actuaciones son viables. También definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas. El objetivo del plan es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión. Entre otros factores prestará especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en economía circular, eficiencia energética y en materia de generación de energía (como el aprovechamiento de los lodos de depuradora para generar  energía).