El gran pacto nacional del agua, ¿es posible?

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, subrayó en noviembre de 2016, precisamente en el acto celebrado con motivo de su nombramiento como ministra, que uno de los objetivos de su Departamento para esta legislatura era alcanzar un Pacto Nacional del Agua. Un año más tarde, si bien este acuerdo todavía no se ha alcanzado, está cada vez más próximo. Al menos, el Ministerio se ha puesto la chaqueta de trabajo y ya ha iniciado esa ronda de reuniones con todos los agentes implicados en la cadena de valor del sector del agua, desde los responsables autonómicos en esta materia hasta las asociaciones empresariales, pasando por los sindicatos, los organizaciones no gubernamentales y ecologistas, los regantes y representantes de la sociedad civil y otras entidades que forman parte de esta industria. Es decir, este Pacto Nacional por el Agua se crea para tener garantía de continuidad a largo plazo, por encima de cualquier coyuntura política, por lo que se trabaja en lograr el máximo consenso y participación, según remarcan desde el Gobierno central.
El Pacto Nacional por el Agua se centra en cuatro grandes ejes, como son el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los planes hidrológicos de cuenca, la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo de inundación, el impulso de una serie de medidas para avanzar en materia de gobernanza del agua, y la atención de las demandas y los déficits hídricos. Este futuro pacto cuenta, por tanto, con un sólido punto de partida: la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca del segundo ciclo, vigentes hasta 2021, que cuentan con más de 10.000 medidas y una inversión estimada de 20.000 millones de euros, priorizadas y en horizontes temporales definidos, así como de los planes de gestión de riesgo de inundación.