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La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha presentado alegaciones a la consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 2024/3019, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. La entidad advierte que los nuevos objetivos ambientales solo se podrán cumplir con un programa estatal de inversiones, fondos finalistas y una responsabilidad ampliada del productor robusta y trazable.
AEOPAS considera que la nueva Directiva representa una oportunidad para modernizar el saneamiento y la depuración en España, avanzar en protección ambiental, economía circular, eficiencia energética, reutilización y control de microcontaminantes. Sin embargo, advierte de que esta transformación no será viable si no viene acompañada de una financiación suficiente, estable y finalista.
La asociación subraya que la futura ley no puede limitarse a trasladar nuevas obligaciones a municipios y operadores. Debe incorporar desde el inicio un verdadero marco económico que permita cumplir los objetivos europeos sin generar cargas desproporcionadas sobre las entidades locales, los operadores públicos o la tarifa municipal de saneamiento.
En sus alegaciones, AEOPAS reclama la aprobación de un Programa Estatal de Implantación 2027-2045, con inventario de actuaciones, calendario, prioridades ambientales, estudios de costes, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento. Para la asociación, este programa debe convertirse en la herramienta central para ordenar las inversiones necesarias en tratamiento secundario, terciario, cuaternario, renovación de colectores, control de desbordamientos, digitalización, eficiencia energética y vigilancia ambiental.
AEOPAS pide también la creación de un Fondo Estatal Finalista de Saneamiento, Depuración, Drenaje Urbano y Tratamientos Avanzados, destinado exclusivamente a financiar las actuaciones derivadas de la nueva Directiva. Este fondo debería nutrirse de Presupuestos Generales del Estado, fondos europeos, aportaciones autonómicas, cánones finalistas, instrumentos de cuenca y recursos procedentes de la responsabilidad ampliada del productor.
Uno de los puntos centrales de las alegaciones es la financiación del tratamiento cuaternario para microcontaminantes. AEOPAS recuerda que la Directiva establece que los productores de determinados medicamentos, cosméticos y productos de higiene personal deben asumir, como mínimo, el 80% de los costes asociados a dicho tratamiento. Por ello, la asociación reclama un sistema estatal de responsabilidad ampliada del productor plenamente operativo, suficiente y trazable antes de que las inversiones recaigan sobre operadores y entidades locales.
AEOPAS advierte de que el coste del tratamiento cuaternario no puede limitarse a la obra inicial. Debe incluir también explotación, energía, reactivos, carbón activo, ozono, reposición de equipos, control analítico, gestión de residuos, verificación de datos, costes administrativos y costes financieros. La asociación considera imprescindible que estos costes se calculen sobre datos reales y con participación de los operadores.
Por ello, AEOPAS propone la creación de una ´Mesa Técnica Estatal de Responsabilidad Ampliada del Productor y Tratamiento Cuaternario´, integrada por administraciones, entidades locales, operadores de saneamiento, organismos de cuenca, sectores obligados, autoridades sanitarias y consumidores. Su función sería definir los costes elegibles, la metodología de cálculo, los anticipos, las garantías financieras y los mecanismos de liquidación a los operadores.
La asociación insiste en que los operadores no deben verse obligados a prefinanciar inversiones millonarias sin garantías de recuperación. Del mismo modo, la parte de costes no cubierta por la responsabilidad ampliada del productor no debe trasladarse automáticamente a la tarifa ordinaria municipal sin memoria económica, evaluación de impacto tarifario, audiencia de entidades locales y operadores, e identificación de financiación suficiente.
AEOPAS presta especial atención a los pequeños municipios y pequeñas aglomeraciones, que pueden tener mayores dificultades para asumir nuevas obligaciones técnicas, analíticas, energéticas y de explotación. Para la asociación, la financiación debe incorporar criterios de cohesión territorial, asistencia técnica supramunicipal y apoyo específico a municipios rurales, dispersos, insulares, de montaña o con limitada capacidad económica.
“La nueva Directiva es ambiciosa y necesaria, pero los objetivos ambientales sin financiación suficiente corren el riesgo de convertirse en papel mojado. No se trata de rebajar la ambición, sino de garantizar que España pueda cumplirla con planificación, recursos y seguridad jurídica”, señala AEOPAS.
La entidad concluye que la transposición española debe ser proporcionada, financiada, basada en riesgo y territorialmente equilibrada. Para AEOPAS, el saneamiento no puede seguir tratándose como una obligación local aislada, sino como una política pública estratégica vinculada a la salud, la calidad de las masas de agua, la resiliencia climática, la economía circular y la cohesión territorial.
“Sin financiación suficiente no habrá cumplimiento real. Y sin cumplimiento real no habrá ríos más limpios, playas más seguras ni servicios públicos de saneamiento preparados para los retos climáticos y ambientales de las próximas décadas”, concluye AEOPAS.
