Ayuntamientos y operadores coinciden en una revisión de las tarifas del agua para acometer inversiones urgentes

La sesión contó con la participación de Carlos Mundina, concejal del Ayuntamiento de Valencia; Francisco Hernández, teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria; Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló; Juan Díaz, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Benidorm; José Claramonte, director general de Facsa; Rubén Ruiz, director de Operaciones de Veolia; y Rocío Santiago, directora de Operaciones de Aqualia. En conjunto, la mesa puso de manifiesto que los municipios se encuentran en primera línea de los retos del agua urbana, desde la renovación de infraestructuras y la adaptación al cambio climático hasta la eficiencia del servicio, la atención a la ciudadanía y la necesidad de cumplir con nuevas exigencias regulatorias.

El concejal de Valencia, Carlos Mundina, subrayó que “los municipios estamos en primera línea en la prestación del servicio, pero necesitamos el soporte del Estado y de las comunidades autónomas para garantizar el abastecimiento de agua potable con criterios de excelencia, calidad y seguridad. La colaboración entre administraciones es clave para afrontar las inversiones que requiere el ciclo urbano del agua”. Por su parte, Rocío Santiago, directora de Operaciones y Tecnología de Aqualia, defendió que “la planificación es imprescindible para anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en crisis. La gestión integral del agua urbana requiere inversión sostenida, porque cuando una infraestructura falla o cuando llega una situación grave, la capacidad de reacción es mucho más limitada. España cuenta con un alto nivel técnico para afrontar estos retos, pero ese conocimiento debe ir acompañado de planificación, financiación y decisiones a largo plazo”.

Por su parte, Juan Díaz, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Benidorm, destacó que “la experiencia de Benidorm demuestra que la eficiencia en la gestión del agua urbana exige anticipación, colaboración y una estrategia de ciudad. Venimos de episodios de sequía relevantes y hemos aprendido que es clave contar con socios tecnológicos solventes, implicar a todos los actores y hacer partícipe a la ciudadanía. Cuando el ciudadano entiende el esfuerzo que hay detrás del servicio, la gestión gana en confianza y corresponsabilidad”.

Rubén Ruiz, director de Operaciones de Veolia, subrayó que “el gran reto del agua urbana no es solo técnico, sino también de gobernanza. La seguridad hídrica debe ser una prioridad pública y, para garantizarla, es necesario explicar con claridad qué inversiones son necesarias, qué decisiones hay que tomar y cómo se financian. Cuando se comunica con transparencia, la ciudadanía entiende mejor la importancia de sostener un servicio esencial”.

En la misma línea, Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló, defendió la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema: “No es razonable afirmar que los servicios no pueden ser deficitarios y, al mismo tiempo, no contar con mecanismos que garanticen que las tarifas cubren los costes reales del servicio. El agua necesita un marco claro, estable y responsable, que evite que decisiones esenciales dependan únicamente del calendario político. La sostenibilidad económica del servicio debe ser una obligación, no una opción”.

Durante la mesa, los participantes coincidieron en que el debate tarifario debe abordarse desde la transparencia y la responsabilidad institucional, evitando planteamientos simplificados y vinculándolo a la calidad, continuidad y seguridad del servicio. En este sentido, se destacó que las tarifas no solo deben cubrir la prestación ordinaria, sino también permitir la renovación de redes, la modernización de instalaciones, la digitalización, la eficiencia energética y la adaptación de los sistemas urbanos a episodios climáticos extremos.

Por la mañana, también se celebró la mesa redonda ´Finanzas sostenibles en el agua urbana: de la teoría a proyectos financiables reales´, moderada por Ana Ferrán, de EY España, y con la participación de Ignacio Lozano, de Canal de Isabel II; Fernando Flores, de Aqualia; Joaquín García, de Emasesa; y Marta Colet, de Veolia. El debate permitió profundizar en las herramientas necesarias para transformar las necesidades de inversión del sector en proyectos viables, financiables y alineados con los objetivos de sostenibilidad. Los ponentes coincidieron en que el agua urbana requiere modelos financieros capaces de combinar planificación técnica, estabilidad regulatoria, criterios ambientales y colaboración entre administraciones, operadores y entidades privadas, de forma que la ambición inversora pueda traducirse en actuaciones concretas sobre redes, instalaciones y servicios.

La tarde anterior, los debates estuvieron centrados en la creciente influencia de la regulación europea sobre el sector del agua y en la importancia de participar activamente en su desarrollo antes de su aplicación. En la sesión ´El futuro del agua se juega en Europa´, Daniel Calleja, representante de la Comisión Europea en España, subrayó que los sistemas hídricos europeos están sometidos a una presión sin precedentes y advirtió de que no se trata de un problema exclusivo de los países del sur. En este sentido, destacó la Estrategia de Resiliencia Hídrica de la Unión Europea, que incorpora 50 medidas concretas, y señaló la necesidad de traducirlas ahora en acciones reales, evaluando si responden a las prioridades del sector.

Otro de los debates relevantes de la tarde se centró en la Responsabilidad Ampliada del Productor, que la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas incorpora por primera vez al sector del agua mediante un modelo basado en el principio de “quien contamina, paga” para financiar la eliminación de microcontaminantes. En una sesión con la participación de Conama, Miteco, Gómez-Acebo & Pombo y DAQUAS, los ponentes coincidieron en la dificultad de implantar un sistema plenamente operativo en España antes de 2028, debido a los exigentes plazos europeos y a la necesidad de definir con precisión responsabilidades, mecanismos de financiación y sistemas de control.

Con esta última jornada, el 38º Congreso DAQUAS cerró tres días de trabajo en los que el sector abordó sus principales retos regulatorios, técnicos, económicos y sociales. La edición de 2026, con más de 1.200 asistentes, situó en el centro del debate la necesidad de reforzar la inversión, mejorar la planificación, anticiparse a la regulación europea, impulsar la resiliencia hídrica y explicar mejor a la ciudadanía el valor real de un servicio esencial para la salud pública, la sostenibilidad y la calidad de vida.