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La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el conseller d´Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, David Mascort, se han reunido en Barcelona para coordinar los trabajos entre ambas administraciones que aborden la situación de emergencia por sequía en la que se encuentra Catalunya. El Miteco financiará las dos nuevas desaladoras de Tordera II y Foix que aumentarán el tratamiento de aguas en 80 hm3 anuales y anunciahasta 40.000 m3 de agua en dos barcos diarios desde la desaladora de Sagunto al puerto de Barcelona en junio “si la situación no mejora”.
En el encuentro se han concretado dos líneas de actuación de financiación y asistencia que el Gobierno de España pone a disposición para afrontar la actual crisis hídrica. "Nuestra posición es clara: todo lo que esté en nuestra mano a disposición para ayudar a otras administraciones, incluso más allá de las competencias del Estado central", ha declarado la vicepresidenta Teresa Ribera tras la reunión.
Como medidas estructurales, han anunciado la financiación para el desarrollo de los proyectos de las desaladoras Tordera II y Foix. El Gobierno aportará crédito transferido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión de 467 millones de euros en total.
En cuanto a las medidas de emergencia, el Gobierno pondrá a disposición agua desalada procedente de Sagunto, Valencia, que será transportada en barco hacia la ciudad de Barcelona. Permitirá disponer de agua desalada de hasta 40.000 m3 diarios a partir del mes de junio, que se determinará según necesidad.
La vicepresidenta Ribera ha anunciado que la desaladora Tordera II estará situada junto a Tordera I, en la localidad de Blanes, y estará en funcionamiento en 2028. La inversión para este proyecto es de 287 millones de euros. Tratará 60 hm3 al año, lo que permitirá multiplicar por cuatro la actual capacidad de desalación del actual complejo.
Por otra parte, la inversión para la nueva infraestructura de desalación de Foix es de 180 millones de euros y se situará entre las localidades de Cunit y Cubelles. Entrará en funcionamiento en 2029 con una capacidad de tratamiento de 20 hm3 al año. Ambas instalaciones contarán con instalaciones fotovoltaicas para el consumo energético de sus actividades.
Los proyectos serán desarrollados por la empresa pública Acuamed. "En las próximas semanas llevaré al Consejo de Ministros la modificación del convenio de gestión de Acuamed para poder poner en marcha los proyectos", ha anunciado la vicepresidenta Teresa Ribera.
Estas actuaciones persiguen un triple objetivo. Garantizar el abastecimiento de agua de las provincias de Girona, Tarragona y Barcelona; una reducción progresiva del trasvase del Ter a Barcelona; y, por último, reducir las extracciones de los acuíferos en mal estado ecológico de la costa catalana.
España es ya líder europeo en producción de agua desalada. El cuarto lugar a nivel mundial en capacidad instalada. En total, nuestro país produce cerca de 5 millones de metro cúbicos de agua tratada al día, un sistema crucial en el abastecimiento de agua de boca en situaciones de escasez.
Dada esta estrategia de anticipación a los impactos de la sequía del Gobierno de España, el objetivo es duplicar la capacidad de desalación y reutilización de agua como así se establece en los vigentes Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo aprobados la pasada legislatura.
Tras "una exhaustiva evaluación de alternativas", el ministerio ha determinado como solución "más sencilla y viable" el traslado de agua en barco desde la desaladora de Sagunto, en la Comunitat Valenciana y de titularidad estatal, al puerto de Barcelona. Así lo ha explicado la vicepresidenta Teresa Ribera tras la reunión.
Actualmente la planta funciona a un 10% de su capacidad y podrá incrementar su actividad para esta medida de emergencia. "Si la situación no mejora, el traslado comenzará en junio y podrá alcanzar un máximo de 40.000 m3 de agua trasladados en dos barcos diarios", ha precisado Ribera.
En el encuentro entre la vicepresidenta y el conseller, se ha acordado que el coste del aumento de tratamiento de agua será asumido por el Gobierno central, mientras que la operación de gestión con los barcos lo asumirá la Generalitat de Catalunya.
Según ha explicado Ribera, esta medida no presenta afectación alguna a la comunidad de origen pues no suministra agua a su población. La vicepresidenta llamó el sábado al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para informarle la propuesta, que recibió el apoyo del líder del gobierno autonómico.
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