29 de enero, 2021 Novedades Industria Agua comentarios Bookmark and Share
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Canal de Isabel II ha aprobado el convenio de adhesión de Chapinería al Plan Sanea, lo que permitirá realizar actuaciones de mejora en la red de alcantarillado municipal. Se trata de uno de los 10 planes estrella que recoge su estrategia empresarial para el periodo 2018-2030, y se enmarca en la línea de desarrollo de la cooperación con los municipios.

La aprobación del convenio supone el inicio de la tramitación administrativa por parte del Canal de Isabel II para la contratación de las obras. En total, se acometerán siete actuaciones de renovación en 1.900 metros de red de alcantarillado, lo que supondrá una inversión aproximada de 1,2 millones de euros.

A este plan ya se han adherido 18 ayuntamientos madrileños: Sevilla la Nueva, Moraleja de Enmedio, Arganda del Rey, Griñón, Torrelodones, Tielmes, Fuenlabrada, Alpedrete, Perales de Tajuña, Valdemoro, Navalcarnero, Valdilecha, San Fernando de Henares, Soto del Real, El Escorial, Torres de la Alameda, Torrejón de Ardoz y Las Rozas de Madrid. Todos ellos tienen previstas obras por un importe acumulado de 198,8 millones de euros.

Canal de Isabel II gestiona cerca de 15.000 kilómetros de redes de saneamiento, pero estas suelen ser de competencia municipal: de los 111 municipios accionistas, en 93 las redes son de titularidad municipal y, en muchos casos, presentan deficiencias que puede llegar a generar problemas de inundaciones o vertidos.

La empresa pública ha realizado planes directores en 93 municipios con el objetivo de conocer el estado de las redes de alcantarillado, sus puntos de mejora y la estimación del coste de estas actuaciones. Así, una vez presentados a los ayuntamientos, son estos los que deciden qué inversiones realizar. Canal, además de realizar estos estudios, facilita la financiación de las obras, ya que anticipa la inversión necesaria y asume los costes financieros. De acuerdo con estos estudios, la inversión, que adelantaría Canal de Isabel II en caso de contar con la aprobación de todos los ayuntamientos superaría los 1.500 millones de euros.

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