13 de junio, 2019
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A pesar del déficit en infraestructuras del ciclo integral del agua y tratamiento de residuos y de los incumplimientos con la normativa europea en ambas materias, España invierte por habitante un 45% menos que la media de los países europeos en infraestructuras de medio ambiente (24 vs. 44 euros/habitante) y ha reducido la inversión en este tipo de proyectos un -65% en el periodo 2017/2007 (pasando de los 3.211 M€ a los 1.109 M€), según los últimos datos publicados por la Comisión Europea (CE) sobre inversión comparada en Europa.

En infraestructuras de agua, España tiene pendiente uno de los mayores desafíos ya que, de no afrontarlo urgentemente, se seguirán produciendo daños irreversibles al medioambiente -es el país europeo con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo- implicando, además, importantes sanciones por parte de la Comisión Europea, que ya han comenzado a producirse. Así, el pasado verano se conoció la multa a nuestro país de 12 M€ por el incumplimiento de la Directiva Europea sobre depuración de aguas residuales urbanas, sanción que se vería aumentada cada semestre en 11 M€ adicionales mientras España no se ponga al día.

En este sentido, y de acuerdo al análisis realizado por Seopan, junto con la ingeniería Sener, en 2017 sobre infraestructuras prioritarias en España, existen más de 500 inversiones programadas que representan 12.000 M€, a ser realizadas hasta 2021. Y más de un tercio de esta inversión -4.500 M€- son de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones de la CE, siendo especialmente preocupante las actuaciones de saneamiento y depuración que representan el 60% de dicho importe. Del total de 12.000 M€ a realizar hasta 2021, destacan cinco tipologías de infraestructuras hidráulicas: depuración y saneamiento (3.500 M€), regadío (2.900 M€), conducciones (2.000 M€), presas (925 M€) eingeniería fluvial (905 M€).

Junto a ello, el tratamiento y valorización energética de residuos constituye otro déficit inversor pendiente de resolver, ya que las ciudades españolas generan más de 20 millones de residuos cada año, de los que casi cinco millones y medio se depositan directamente en vertedero sin tratamiento alguno, contraviniendo con ello las Directivas europeas y la normativa nacional y atentando seriamente contra la salud pública. Cumplir el objetivo de vertido directo cero y valorizar energéticamente los más de ocho millones de toneladas anuales de rechazos procedentes de nuestras plantas de tratamiento requiere invertir más de 6.500 M€.

Según el presidente de Seopan, Julián Núñez, "realizar estas inversiones supondría un beneficio social superior a los 52.000 M€ durante el periodo de vida útil de estas infraestructuras, evitaría nuevas sanciones de la CE, contribuiría a proteger el medioambiente y prepararía a nuestro sector agroalimentario para atender el importante aumento de la población global hasta 2050. Ello implicaría multiplicar por seis la inversión pública anual de nuestras administraciones públicas durante los próximos tres años, por lo que, de forma adicional al presupuesto público, deberán implementarse planes de colaboración público-privada para respetar la senda de estabilidad presupuestaria en que nos encontramos".

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