8 de enero, 2016
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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha culminado el segundo ciclo de planificación hidrológica en todas las cuencas competencia del Estado con la aprobación, mediante Real Decreto, de los 12 planes hidrológicos de competencia estatal que afectan a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla.

Los planes hidrológicos, correspondientes al periodo 2016-2021, se han sometido previamente a un amplio proceso de información pública y han sido informados favorablemente y por una amplia mayoría por el Consejo Nacional del Agua, con más de 80% de votos a favor.

La aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo va a permitir a nuestro país impulsar una política del agua destinada a alcanzar un equilibrio entre la consecución de los objetivos ambientales y los objetivos de atención a las demandas. Estos planes hidrológicos son necesarios para conocer las necesidades y los recursos hídricos y establecer las medidas a adoptar para una adecuada gestión del agua.

 

Inversión hasta 2021

Algunas novedades de los nuevos planes son la actualización del inventario de zonas protegidas; el refuerzo de los programas de seguimiento de las masas de agua; la incorporación de un estudio sobre la recuperación del coste de los servicios del agua más amplio; y la reorganización de los programas de medidas de los planes hidrológicos, que contemplan unas inversiones hasta 2021 de más de 17.500 millones de euros para la ejecución de las actuaciones previstas en los programas de medidas de cada Plan.

El 65% de esta inversión, aproximadamente, corresponde a medidas destinadas a cumplir los objetivos ambientales y objetivos de protección frente a inundaciones establecidos en la normativa europea, mientras que el 35% restante se englobaría dentro de las medidas previstas para la satisfacción de las demandas y otros usos sectoriales relacionados con el agua.

 

Protección del medio ambiente

Los nuevos planes hidrológicos contribuyen decisivamente a la mejora de la protección del medio ambiente. Así, los ríos españoles estarán en mejores condiciones de conservación, contribuyendo a la protección de los ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así, entre otras medidas, se incrementan los caudales ecológicos. También se priorizan las necesidades de los ríos, y se mejoran la calidad de las aguas mediante actuaciones de depuración y saneamiento; y se potencia la creación de reservas fluviales.

 

Retos europeos y nuevos fondos comunitarios

Con la aprobación de los planes del segundo ciclo de competencia estatal, este Gobierno ha aprobado, en esta legislatura, dos ciclos de planificación hidrológica (el primero –2009-2015– y el segundo –2016-2021–). España logra así superar el retraso acumulado y cumple el compromiso de acompasar el ritmo de planificación hidrológica española al del resto de los países europeos.

Esto ha permitido no solo que España haya cumplido sus obligaciones con la Directiva Marco del Agua, sino que ha evitado el bloqueo a nuestro país de los fondos comunitarios. La aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo era una condición necesaria para el acceso a dichos fondos. La aprobación de los planes, además, hará que nuestro país pueda iniciar el tercer ciclo de planificación hidrológica junto al resto de socios comunitarios.

 

Planes de comeptencia autonómica

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado también otros cuatro planes hidrológicos intracomunitarios (de competencia autonómica), correspondientes a las cuencas de Galicia Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. A estos cuatro planes intracomunitarios se suma el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, aprobado el pasado mes de julio, con lo que con la aprobación de los planes de competencia autonómica de Cataluña y de Canarias se culminará el segundo ciclo de planificación en las cuencas en las que la competencia recae en las comunidades autónomas.

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